Las empresas que contacten a usuarios por teléfono o WhatsApp para ofrecer tarjetas de crédito, seguros o préstamos sin su autorización podrían enfrentar multas de entre 56 mil y 2.3 millones de pesos, luego de que el Senado aprobara una propuesta para endurecer las sanciones contra estas prácticas. La iniciativa busca frenar las llamadas comerciales no solicitadas en México, donde, según datos de Truecaller citados en la información original, los usuarios reciben entre 20 y 25 llamadas de spam al mes. Sin embargo, la medida todavía debe ser aprobada por la Cámara de Diputados para avanzar en el proceso legislativo.
Multas más altas contra las llamadas no deseadas
La propuesta legislativa busca incrementar el costo de incumplir las restricciones sobre publicidad telefónica. Las sanciones estarían dirigidas a las empresas que insistan en ofrecer productos financieros sin contar con el consentimiento de los consumidores.
La medida contempla llamadas y mensajes mediante WhatsApp, dos canales utilizados por las compañías para promocionar servicios y contactar a posibles clientes. Entre los productos señalados se encuentran las tarjetas de crédito, los seguros y los préstamos.
El endurecimiento de las multas responde a las limitaciones de los mecanismos existentes para evitar este tipo de comunicaciones. Aunque México cuenta con el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), administrado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las llamadas comerciales no deseadas continúan siendo una molestia para numerosos usuarios.
Un registro que no ha terminado con el problema
El REPEP permite que los consumidores soliciten que sus números telefónicos no sean utilizados para recibir publicidad de determinados sectores comerciales. No obstante, la persistencia de estas comunicaciones evidencia que la existencia de un registro no garantiza, por sí sola, el cumplimiento de las restricciones.
En este contexto, elevar las sanciones busca generar un mayor incentivo para que las empresas respeten la decisión de los usuarios. Sin embargo, la efectividad de la medida dependerá de que existan mecanismos accesibles para presentar denuncias, procedimientos de investigación y capacidad para aplicar las multas correspondientes.
También será importante establecer con claridad cómo se acreditará la falta de consentimiento y qué responsabilidades tendrán las empresas que recurran a intermediarios o servicios externos para realizar sus campañas comerciales.
La aprobación legislativa es apenas el primer paso
Aunque el Senado ya aprobó la propuesta, su entrada en vigor depende de que la Cámara de Diputados la avale y de que se complete el procedimiento legislativo correspondiente.
Por ello, las multas anunciadas todavía no deben interpretarse como sanciones que ya se aplican bajo el nuevo esquema. La diferencia es relevante para los consumidores, quienes deberán conocer tanto las disposiciones definitivas como las vías disponibles para denunciar posibles incumplimientos.
La iniciativa abre la discusión sobre el equilibrio entre las estrategias comerciales de las empresas y el derecho de los consumidores a decidir cómo y cuándo desean recibir publicidad.
En última instancia, el reto no consiste únicamente en aumentar las multas, sino en garantizar que las sanciones se apliquen de manera efectiva. Si la supervisión y los mecanismos de denuncia no funcionan adecuadamente, incluso las penalizaciones más elevadas podrían resultar insuficientes para detener las llamadas no solicitadas.
