La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para regular las rentas de vivienda, limitar los aumentos anuales a la inflación, crear un registro digital obligatorio de contratos y ofrecer asesoría jurídica gratuita a propietarios e inquilinos; la propuesta aún debe discutirse y aprobarse.
Encontrar departamento en la Ciudad de México ya puede sentirse como un deporte extremo para la cartera. Y si a eso le sumamos aumentos de renta, depósitos y contratos que parecen escritos en otro idioma, entender las reglas del juego se vuelve todavía más importante.
Por eso, la nueva iniciativa de la llamada Ley de Rentas en CDMX busca poner orden en la relación entre propietarios e inquilinos. El proyecto, presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, propone establecer límites a los incrementos de renta, registrar digitalmente los contratos y aplicar multas de hasta 46,924 pesos por aumentar el alquiler por encima de lo permitido.
Pero ojo: todavía no es una ley vigente. La propuesta debe pasar por el Congreso capitalino antes de convertirse en una obligación para quienes rentan o ponen una vivienda en alquiler.
¿Qué propone la nueva Ley de Rentas en CDMX?
La iniciativa, denominada Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, plantea modificar las condiciones bajo las cuales se rentan viviendas en la capital.
Uno de sus puntos centrales es que los aumentos anuales de renta no superen la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el año anterior. La regla también aplicaría cuando cambie la persona que ocupa la vivienda.
Esto no significa que las rentas se congelarían. Los propietarios podrían actualizar el precio cada año, pero dentro del límite establecido. También podrían solicitar autorización para aplicar un aumento extraordinario si demuestran que realizaron mejoras sustanciales en el inmueble.
La propuesta busca responder al encarecimiento de la vivienda en distintas zonas de la ciudad, una situación que ha complicado que muchas personas permanezcan en los barrios donde viven o encuentren opciones acordes con sus ingresos.
¿Cómo cambiarían los contratos de renta en CDMX?
Si el Congreso aprueba la iniciativa, propietarios e inquilinos tendrían que considerar nuevas reglas para formalizar y mantener sus acuerdos de arrendamiento.
Entre los cambios más importantes destacan los siguientes:
- Registro digital obligatorio: los contratos tendrían que inscribirse en un sistema administrado por la Agencia Digital de Innovación Pública.
- Plazos para registrar el contrato: el propietario tendría 30 días después de la firma para realizar el registro y otros 30 días naturales, tras recibir la constancia, para entregársela al inquilino.
- Duración mínima: los contratos de arrendamiento tendrían una vigencia mínima de un año.
- Gastos de formalización: el arrendador no podría trasladar al inquilino determinados costos relacionados con la intermediación, la elaboración del contrato, las consultas de historial crediticio o las pólizas jurídicas, entre otros.
- Devolución del depósito: al terminar el arrendamiento, el depósito tendría que devolverse después de revisar el estado del inmueble y comprobar el pago de los servicios, con las deducciones justificadas que correspondan.
El proyecto también contempla una garantía para respaldar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Esta podría consistir en una fianza, una persona responsable solidaria u otra modalidad permitida por la legislación.
En cuanto a las renovaciones, si el propietario pretende cobrar un aumento superior al permitido, el inquilino podría pagar la renta anterior actualizada conforme a la inflación, de acuerdo con los mecanismos previstos en el proyecto. También podría solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso y, bajo las condiciones establecidas en la iniciativa, obtener una prórroga del contrato por un año adicional.
En pocas palabras, la intención es que las condiciones del alquiler estén documentadas y que ninguna de las partes tenga que depender únicamente de acuerdos verbales o de la buena voluntad de la otra.
¿De cuánto serían las multas para propietarios e inquilinos?
La iniciativa contempla sanciones económicas para ambas partes cuando incumplan determinadas obligaciones. Las multas calculadas en UMA toman como referencia el valor diario de 117.31 pesos correspondiente a 2026.
Estas son algunas de las sanciones previstas en el proyecto:
| Incumplimiento | Multa propuesta |
|---|---|
| El propietario no entrega el contrato original | De $2,932.75 a $5,865.50 |
| El propietario no registra el contrato o no entrega la constancia | De uno a tres meses de la renta pactada |
| El propietario aumenta la renta por encima del límite permitido | De $11,731 a $46,924 |
| El inquilino destina la vivienda a un uso no habitacional sin autorización | De $5,865.50 a $11,731 |
| El inquilino modifica el inmueble sin autorización | De $5,865.50 a $23,462 |
En el caso del registro, el proyecto contempla una excepción cuando el propio inquilino realiza el trámite dentro del plazo previsto para el arrendador.
Conviene recordar que estas cantidades corresponden a las sanciones propuestas, no a multas que ya puedan imponerse automáticamente con base en esta iniciativa. Su aplicación dependerá de la aprobación y entrada en vigor de la ley.
Asesoría jurídica gratuita y apoyo ante desalojos
Otro de los cambios planteados es la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social de la Ciudad de México.
Esta instancia ofrecería orientación, asesoría jurídica, mediación, conciliación y asistencia legal gratuita. También podría supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre los aumentos de renta e imponer las sanciones previstas en el proyecto, conforme a sus atribuciones.
Además, la iniciativa propone establecer un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos para coordinar apoyos durante procedimientos de desocupación ordenados por resolución judicial.
La intención es identificar a personas en condiciones de vulnerabilidad y canalizarlas hacia posibles apoyos. Entre las medidas contempladas se encuentran la ayuda para mudanzas y el almacenamiento de pertenencias para grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad económica, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
Este mecanismo no buscaría impedir las resoluciones judiciales, sino acompañar socialmente a las personas afectadas.
¿Cuándo entraría en vigor la Ley de Rentas en CDMX?
La propuesta todavía debe discutirse y aprobarse en el Congreso de la Ciudad de México. Si se aprueba y se publica oficialmente, el proyecto establece que la ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación.
También contempla plazos de hasta 90 días para emitir el reglamento, crear la Defensoría, instalar el Gabinete de Acompañamiento Social y poner en marcha el registro digital, de acuerdo con los artículos transitorios correspondientes.
Mientras tanto, propietarios e inquilinos deben distinguir entre las disposiciones que ya establece la legislación vigente y las que todavía forman parte de esta iniciativa.
La pregunta de fondo es cómo lograr que rentar una vivienda en la capital sea una relación más clara y equilibrada para ambas partes. Porque tener un techo no debería significar vivir con la incertidumbre de cuánto costará el próximo año, y ser propietario tampoco debería implicar navegar contratos sin reglas claras.
Por ahora, la propuesta está sobre la mesa. El siguiente paso será conocer qué disposiciones aprueba finalmente el Congreso capitalino y cómo se aplicarán en la práctica.
